CHOQUE DE PODERES.

CHOQUE DE PODERES.
Elizabeth Mauricio González.
En el mes de noviembre de 2021 el que el presidente Andrés Manuel López Obrador mediante DECRETO PRESIDENCIAL (Resolución escrita de carácter normativo expedida por el titular del Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas) ordenaba a todas las dependencias del Ejecutivo acelerar la emisión de permisos y autorizaciones para que la construcción de proyectos de infraestructura pudiera dar inicio de manera inmediata y sin aplazamientos.
Dicho decreto calificaba como “de interés público y seguridad nacional” las obras a cargo del Gobierno, incluidos megaproyectos insignes como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Enlazaba a las secretarías y entidades que conforman el poder Ejecutivo. En él se les establecía otorgar “autorizaciones provisionales” para el inicio de obras sin mella de que estuvieran en trámite los dictámenes, permisos o licencias requeridos por la ley. Es decir los permisos provisionales debían expedirse en un plazo máximo de cinco días hábiles y estarían vigentes por un año. La finalidad, según el decreto, era garantizar la ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados
Debido a que éste decreto violentaba el Derecho Humano a la información pública el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) impugnó ese decreto en lo referente al derecho al acceso a la información pública, pues una declaratoria de seguridad nacional significaba que los ciudadanos no pudieran acceder a datos de interés público como lo son precios, y verificar los contratos así como a quienes se les estaba asignando las obras sobre los proyectos de infraestructura sufragados con caudal del tesoro público.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad un decreto presidencial dando la razón al INAI y echó atrás la clasificación de seguridad nacional de la mega obras aperturando así el hecho de que cualquier ciudadano pueda saber el costo de las obras así como asignación de contratos.
La construcción de obras en nuestro país está sujeta a una diversidad de permisos relacionados con el impacto ambiental, el uso de suelo, el derecho de vía, entre otros, cuya expedición puede demorar por meses el arranque de los proyectos.
López Obrador, intentaba superar esa barrera de tiempo, pero también, buscaba revestir sus megaobras del escrutinio público y abrir la vía a la adjudicación directa de contratos.

@SoyElizabethMauricioG.