Julieta del Río
La importancia de conocer nuestros derechos en tema de vivienda
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) prometió contrarrestar el problema de vivienda que existe en el país y se comprometió a construir un millón de viviendas de bajo costo, escriturar otro millón y mejorar las condiciones de habitabilidad de alrededor de 450 mil casas existentes.
Hace meses anunció la formación de una empresa constructora pública, pues el INFONAVIT será el Instituto encargado de edificar medio millón de viviendas (la Comisión Nacional de Vivienda y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE harán el medio millón restante). Este objetivo busca beneficiar directamente a mujeres, jóvenes, población indígena y personas adultas mayores, a la par de generar empleos en la industria de la construcción.
Desde 1972, el INFONAVIT permite que las personas adquieran crédito para tener una vivienda propia, pagar una hipoteca o incluso comprar un terreno para construir. Gracias a un modelo tripartita donde participan las y los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno, el INFONAVIT es fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la vivienda.
Dada la amplia cobertura y relevancia, la ciudadanía tiene dudas sobre cómo opera este Instituto, sus programas, mecanismos y resultados. El derecho de acceso a la información resulta un aliado para ello, pues permite interponer solicitudes de información directamente a las autoridades, incluído el INFONAVIT.
Las personas requieren, por ejemplo: copias de las actas y minutas de las sesiones del Consejo de Administración del INFONAVIT; las políticas y reglas de crédito; recuperación de cuotas; situaciones crediticias personales; datos sobre hacinamiento; proyectos de arrendamiento; estrategias de gestión de suelo, entre otras cuestiones. Si el INFONAVIT no transparenta lo solicitado, las personas acudían al INAI, ¿ahora? Un gran vacío.
En mi paso por el INAI, me tocó resolver casos relevantes relacionados con el Infonavit. Gracias al ejercicio del derecho a saber, personas pudieron conocer los criterios que el Instituto utiliza para clasificar un crédito como “deuda impagable” y las opciones existentes para reestructurar esa situación. También se logró transparentar cómo se autorizan los reclamos de saldos de derechohabientes fallecidos y el manejo de esos recursos.
El Infonavit no debe negar a las y los derechohabientes la posibilidad de consultar su número de seguridad social, su histórico de aportaciones o la lista de patrones con los que ha cotizado. Esa información es suya por derecho..
En pocas palabras, las personas acudían al INAI con la intención de que el INFONAVIT (así como cualquier autoridad federal) rindiera cuentas y transparentara su actuar. De la misma manera sucederá de concretarse la formación de una nueva empresa constructora pública.
Porque una sociedad que se informa y exige, construye mejor su futuro. Y el derecho a la vivienda, como todos los derechos, se habita plenamente cuando también se ejerce el derecho a saber.
