Campañas y sucesiones adelantadas: riesgos de desinformación
Julieta del Río
En tiempos electorales, es común escuchar rumores, especulaciones y anticipos sobre quiénes podrían ser los próximos candidatos a cargos de elección popular. No obstante, cuando las campañas y procesos de sucesión se adelantan de manera prematura, el impacto trasciende el ámbito político y alcanza también lo social y lo administrativo.
La anticipación de los procesos de sucesión y la difusión temprana de candidaturas, en ocasiones en contravención de la normatividad vigente, han generado confusión entre la ciudadanía. La información que circula (muchas veces incompleta o incorrecta) favorece la desinformación.
Cada actor político comunica a conveniencia, convirtiendo el escenario en una auténtica guerra de versiones, donde cada quien beneficia a quien apoya, provocando conflictos, tensiones y presiones innecesarias sobre los servidores públicos que cumplen con su labor diaria.
Los procesos electorales y de sucesión tienen tiempos y reglas claras. Existen normas que regulan los periodos de campaña, los registros de candidaturas y la difusión de información oficial. Adelantarse a estos tiempos no solo altera la agenda política, sino que también afecta la entrega oportuna de beneficios y programas estatales, pues la atención de las autoridades y servidores públicos se desvía hacia disputas políticas anticipadas.
Cuando se difunden nombres, alianzas o candidaturas sin sustento formal, la ciudadanía queda expuesta a mensajes contradictorios, lo que debilita la confianza en las instituciones. Esta confusión puede incluso generar tensión social y presiones indebidas sobre el servicio público, afectando la ejecución de programas y la prestación de servicios esenciales.
La transparencia y la honestidad no son solo valores abstractos: se reflejan en acciones concretas. Respetar los tiempos de las campañas y sucesiones, así como cumplir con las normas, garantiza procesos claros y asegura que los recursos y beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, sin obstáculos derivados de conflictos políticos prematuros.
Es innegable que todo gobierno está conformado por actores políticos con intereses y agendas legítimas; sin embargo, adelantar los procesos de sucesión no solo intensifica la competencia natural entre ellos, sino que también afecta la gobernabilidad interna del aparato gubernamental, lo que merma la eficacia de la administración pública y repercute negativamente en la calidad del servicio y la eficiencia de las políticas públicas.
Para evitar que estos escenarios se repitan, es necesario fortalecer la educación cívica y la cultura de la legalidad. La ciudadanía debe contar con información veraz y accesible sobre los procesos electorales, mientras que las instituciones y los medios de comunicación deben asumir un papel responsable en la verificación y difusión de datos. Solo con una sociedad informada y consciente del valor de los tiempos legales se podrá garantizar un proceso democrático más transparente, ordenado y justo.
En Zacatecas, como en cualquier otro estado, respetar los tiempos legales y los procesos establecidos es fundamental para evitar la confusión, la desinformación y la paralización de los programas y beneficios públicos. La ciudadanía merece claridad y certeza, y los servidores públicos deben poder trabajar sin presiones indebidas, asegurando que la transparencia y la honestidad prevalezcan por encima de los intereses prematuros de la política.
