Justicia selectiva: el manto de impunidad que fractura la confianza ciudadana
Por: Claudia Anaya Mota
Existe un principio fundamental en todo Estado constitucional de derecho: la ley debe ser ciega e imparcial frente a quien la infringe. Sin embargo, en el panorama político actual, la procuración de justicia parece responder más a la pertenencia partidista y a la cercanía con el poder que al estricto cumplimiento de la ley.
La justicia no solo se ha vuelto selectiva; también parece administrarse como un escudo protector para los aliados del régimen y como una herramienta de persecución para quienes se encuentran fuera de él. Este fenómeno no es menor ni abstracto. Cuando la ciudadanía observa que el peso de las instituciones recae con severidad sobre unos, mientras las evidencias, auditorías y señalamientos que involucran al grupo gobernante son sistemáticamente ignorados, minimizados o archivados, la confianza en las instituciones de seguridad y justicia comienza a erosionarse.
Los ejemplos de este doble rasero abundan en la discusión pública. El desfalco multimillonario de Segalmex constituye uno de los mayores casos documentados de desvío de recursos públicos en la historia reciente del país, muy por encima del escándalo de la llamada Casa Blanca. Sin embargo, la responsabilidad institucional terminó diluyéndose sin que los principales responsables enfrentaran consecuencias penales, e incluso algunos fueron reubicados en otras áreas del servicio público.
Lo mismo ocurre con las irregularidades detectadas en megaproyectos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. Las fallas en la infraestructura, los cuestionamientos sobre la calidad de materiales como el balastro y los señalamientos que han involucrado a uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador no han derivado en investigaciones que alcancen a quienes tomaron las decisiones. En cambio, las responsabilidades administrativas y penales suelen recaer sobre personal operativo que carecía de capacidad para decidir sobre el diseño, la contratación o la ejecución de las obras.
Más recientemente, el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y de personas vinculadas a su entorno ha vuelto a exhibir las inconsistencias en la aplicación de la justicia. Entre los señalados se encuentra un senador en funciones cuyas cuentas bancarias fueron congeladas, pero que continúa percibiendo su salario mediante cheques, sin que, además, haya cumplido con sus responsabilidades legislativas.
A ello se suman los señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos, que aseguran contar con indicios sobre la presunta colusión de diversos actores con actividades relacionadas con el narcotráfico. No obstante, pese a la gravedad de esas acusaciones, en México no se ha emprendido una investigación que corresponda a la dimensión de los hechos ni se han activado mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El riesgo de consolidar una justicia selectiva es el devastador mensaje que se envía a la sociedad. Normalizar la impunidad o justificar la violencia bajo el argumento de que "son pleitos entre cárteles" equivale a renunciar a la función esencial del Estado: garantizar la seguridad de las personas y hacer cumplir la ley sin excepciones.
Proteger a los aliados bajo un manto de impunidad, mientras se proclama un combate frontal a la corrupción, termina por vaciar de contenido el discurso oficial. Un Estado de derecho no puede sostenerse sobre la discrecionalidad. Solo será posible recuperar la confianza ciudadana cuando la ley deje de distinguir entre amigos y adversarios políticos, y se aplique con el mismo rigor a todos, sin privilegios, sin excepciones y sin impunidad.ública
Senadora de la Repùblica
