La responsabilidad de la gobernanza
Por: Claudia Anaya Mota
Hay decisiones que pueden ser personales. Elegir dónde vivir, qué trabajo aceptar, qué camino tomar, pero hay decisiones que dejan de pertenecernos cuando ocupamos un cargo público. Gobernar es una de ellas.
El caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa acaba de recordárnoslo de una manera particularmente contundente. Después de permanecer 112 días separado de la gubernatura mediante una licencia, el gobernador sinaloense decidió reincorporarse al cargo, porque sí, por una decisión personal. Apenas un día después, volvió a solicitar licencia, ahora con carácter indefinido. En medio quedaron cuestionamientos políticos de la oposición, de la propia titular del Poder Ejecutivo, pronunciamientos de su partido, MORENA y una evidente crisis alrededor de su permanencia al frente del gobierno estatal.
Más allá de las investigaciones y acusaciones que pesan sobre el mandatario, mismas que él ha rechazado, hay una pregunta que deberíamos hacernos todos, especialmente quienes creemos en las instituciones: ¿Cuándo una decisión personal deja de serlo para convertirse en un asunto de Estado? Porque quien ocupa una gubernatura no administra un patrimonio propio. Administra, temporalmente, una responsabilidad que le fue conferida por los ciudadanos.
Un gobernador tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a reclamar su inocencia, a responder ante las autoridades y a utilizar todos los recursos legales que la Constitución y las leyes le conceden. Ningún servidor público debería ser condenado por una acusación antes de que exista una resolución que determine responsabilidades.
Gobernar exige algo más que aferrarse a las facultades formales del cargo. Exige valorar las consecuencias de cada decisión sobre la población.mUna licencia puede ser una decisión responsable cuando existen circunstancias que hacen necesario preservar la gobernabilidad, facilitar una investigación o disminuir la tensión política, pero tampoco puede convertirse en una especie de puerta giratoria: entrar, salir y regresar al cargo dependiendo de las circunstancias.
Lo ocurrido en Sinaloa también deja otra enseñanza. Cuando la propia fuerza política que llevó a un gobernante al poder considera que su separación del cargo puede ser lo más conveniente, queda claro que el problema ya no pertenece exclusivamente a la esfera personal del funcionario.
El poder tiene consecuencias políticas y los partidos tienen también una responsabilidad frente a sus gobiernos, por ello resulta relevante observar qué ocurre cuando una organización política enfrenta una crisis provocada por uno de sus propios gobernantes. La lealtad partidista no debería confundirse con complicidad, pero tampoco debe existir justicia selectiva.
cuencias políticas y los partidos tienen también una responsabilidad frente a sus gobiernos, por ello resulta relevante observar qué ocurre cuando una organización política enfrenta una crisis provocada por uno de sus propios gobernantes. La lealtad partidista no debería confundirse con complicidad, pero tampoco debe existir justicia selectiva.
La única salida verdaderamente democrática tendría que ser mucho más sencilla: que las instituciones estén por encima de las personas y que la responsabilidad pública esté por encima de los intereses partidistas.
Esto debería interesarnos también en Zacatecas, no porque nuestro estado sea Sinaloa, ni porque exista necesariamente una situación idéntica, sino porque los principios que deben regir a un gobierno no cambian según el estado de la República en el que se ejerzan.
Nuestro estado no necesita únicamente gobernantes capaces de ganar elecciones. Necesita gobiernos capaces de resolver problemas, necesitamos hablar de seguridad, agua, campo, empleo, migración, infraestructura y oportunidades para los jóvenes. Necesitamos instituciones que funcionen incluso cuando quienes las encabezan enfrentan dificultades políticas y cuestionamientos públicos.
Ese debería ser el verdadero propósito de la democracia: que las instituciones sean suficientemente fuertes para que ningún problema personal, ningún partido y ningún funcionario sean indispensables para que un estado siga adelante.
Al final, el poder de una fuerza política es temporal, pero las instituciones deben prevalecer. Quienes desempeñamos un cargo pùblico debemos ejercerlo con honestidad, responsabilidad entrega y profesionalismo para que, cuando hayamos culminado nuestro cargo, lo mínimo que podemos exigirnos es trabajar para que las instituciones queden más fuertes de como las encontramos, hacer los esfuerzos necesarios, pese a las resitencias.
Senadora de la Repùblica
