Derechos de las audiencias: la delgada línea entre proteger y controlar
Por: Claudia Anaya Mota
En política, pocas cosas son tan peligrosas como las buenas intenciones cuando no encuentran límites claros. Bajo la premisa de proteger a las audiencias, hoy se discuten lineamientos que han encendido alertas entre especialistas, académicos, medios de comunicación y representantes de la industria de la radiodifusión. No porque alguien se oponga a los derechos de las audiencias, sino porque detrás de esa noble causa podría esconderse una facultad que ningún gobierno debería tener: la de influir en los contenidos informativos.
La discusión no es menor. Tampoco es un asunto exclusivo de abogados, concesionarios de radio y televisión o expertos en telecomunicaciones. Lo que está en juego es el equilibrio entre dos derechos fundamentales: el derecho de las audiencias a recibir información y el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente sin la intervención del poder político.
Toda democracia necesita audiencias protegidas. Nadie puede estar en contra de que exista claridad entre información y publicidad, de que los ciudadanos tengan mecanismos para presentar inconformidades o de que los medios actúen con responsabilidad frente a su público. El problema aparece cuando la autoridad pretende ir más allá de la protección y comienza a acercarse al terreno de la supervisión editorial.
La pregunta es tan sencilla como inquietante: ¿quién determina cuándo una información es objetiva? ¿Quién decide si una opinión es suficientemente imparcial? ¿Quién tiene la facultad de establecer qué versión de los hechos es la correcta?
En una democracia, la respuesta debería ser clara: no el gobierno. La experiencia internacional demuestra que cuando el Estado adquiere herramientas para evaluar contenidos informativos, tarde o temprano surge la tentación de utilizarlas para favorecer narrativas afines al poder y desincentivar aquellas que resultan incómodas. La censura moderna rara vez llega con prohibiciones explícitas. Generalmente aparece disfrazada de regulación, de procedimientos administrativos o de criterios aparentemente técnicos que terminan generando autocensura.
México conoce bien los riesgos de un poder excesivamente concentrado. Durante décadas luchamos por construir instituciones autónomas capaces de servir como contrapesos. En materia de telecomunicaciones, la reforma constitucional de 2013 buscó precisamente fortalecer órganos técnicos y reducir la influencia política sobre los medios de comunicación. Por eso preocupa que hoy se impulse una visión en la que el poder público recupere espacios que antes estaban protegidos por la autonomía institucional.
La preocupación adquiere mayor relevancia en un contexto donde la crítica suele ser vista como adversidad política. Desde hace varios años, periodistas, analistas, académicos y medios han sido señalados desde el poder por expresar opiniones distintas a las oficiales. En ese ambiente, cualquier mecanismo que permita revisar, evaluar o cuestionar contenidos informativos debe analizarse con extremo cuidado.
No se trata de defender intereses empresariales ni de negar la importancia de los derechos de las audiencias. Se trata de defender algo mucho más importante: el derecho de los ciudadanos a escuchar distintas voces, incluso aquellas que incomodan al gobierno en turno.
En Zacatecas conocemos el valor de la libertad para cuestionar. Uno de los más grandes defensores de la libertad de imprenta en la historia nacional fue Francisco Zarco. Desde el Congreso Constituyente de 1857 sostuvo que la prensa libre no existía para agradar a los gobiernos, sino para vigilarlos. Entendía que el poder siempre encontraría argumentos para justificar mayores controles, pero también que una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de escuchar distintas voces, contrastar versiones y formar sus propias conclusiones.
Más de siglo y medio después, la lección sigue vigente. Gracias a la libertad de expresión podemos exigir resultados en seguridad, cuestionar decisiones gubernamentales, denunciar abusos y abrir debates que de otra manera permanecerían cerrados. Una sociedad democrática no se fortalece cuando el poder decide qué puede decirse; se fortalece cuando las ideas compiten libremente en el espacio público.
Por ello, el debate actual merece una reflexión profunda. Los derechos de las audiencias deben garantizarse, sí. Pero nunca a costa de la libertad de expresión, porque una vez que el Estado adquiere la facultad de definir qué información es aceptable, la discusión deja de ser sobre telecomunicaciones y se convierte en una discusión sobre intereses del poder en turno.
Francisco Zarco entendió que la libertad de prensa no se diseñó para proteger a los periodistas de los gobiernos; se diseñó para proteger a los ciudadanos de los excesos del poder. Esa es la discusión de fondo que México no debe perder de vista.
Es claro que las democracias no se debilitan cuando existen voces críticas. Se debilitan cuando el poder comienza a decidir cuáles de esas voces merecen ser escuchadas.
Senadora de la Repùblica
