El II Informe y los desvíos del malestar
Por: Claudia Anaya Mota
Para evaluar a un gobierno no basta escuchar sus discursos. Hay que revisar sus propios documentos, contrastar sus promesas con sus resultados y, sobre todo, seguir la ruta del dinero público. Porque detrás de cada peso mal administrado no existe solamente una irregularidad contable: hay una persona que dejó de recibir aquello a lo que tenía derecho.
El Segundo Informe de Gobierno ofrece elementos que deberían preocuparnos a todos. No son cifras de la oposición ni acusaciones construidas desde la confrontación política. Son datos contenidos en la propia información gubernamental y observaciones realizadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En la página 25 encontramos un primer ejemplo: más de 609 millones de pesos observados en las becas para estudiantes. La cifra es escandalosa, pero resulta todavía más preocupante cuando revisamos qué hay detrás de ella. Se identificaron 67 mil 142 beneficiarios que recibieron recursos sin encontrarse registrados en la plataforma oficial correspondiente. Esto significa que cientos de millones de pesos fueron destinados a estudiantes, pero su condición no pudo ser acreditada mediante los registros institucionales.
A ello, se suman recursos dispersados en tarjetas que ni siquiera habían sido entregadas a sus beneficiarios y pagos realizados a estudiantes inscritos en escuelas privadas, pese a que el programa está dirigido a una población específica.
La pregunta es inevitable: ¿quién controla estos recursos?, ¿cómo puede dispersarse dinero público sin acreditar correctamente a quienes lo reciben?, ¿quién responde cuando existen millones de pesos depositados en tarjetas que nunca llegaron a manos de sus destinatarios?
No se trata de cuestionar las becas. Al contrario. Precisamente porque los programas sociales son fundamentales, debemos exigir que cada peso llegue a quien realmente lo necesita. Defender la política social también significa impedir que la falta de controles termine convirtiéndola en terreno fértil para la opacidad y el desperdicio.
Si revisamos lo ocurrido en el campo, el panorama tampoco resulta alentador. En la página 27 del mismo Informe aparecen observaciones inquientantes. Ejemplo de ello, es el fertilizante perdido por deficiencias en el manejo de inventarios; producto adquirido que nunca fue recibido en las bodegas y fertilizante entregado a productores cuando el ciclo agrícola ya había concluido.
Para Zacatecas hay, además, un señalamiento particularmente relevante: 357.7 millones de pesos observados en el programa relacionado con la compra de frijol y maíz. Durante meses, las y los productores zacatecanos denunciaron problemas con la recepción de sus cosechas, dificultades en los centros de acopio, desorganización y deficiencias en los inventarios. Sus reclamos fueron escuchados demasiadas veces como si fueran exageraciones o parte de una disputa política.
Hoy los propios documentos gubernamentales demuestran que tenían razones para inconformarse.
Entre becas, fertilizantes y programas de comercialización estamos hablando de miles de millones de pesos bajo observación. Dinero público. Dinero de todas y todos los mexicanos. Por ello, resulta insuficiente presumir cuánto dinero se destina a los programas sociales. Un gobierno también tiene la obligación de explicar cómo lo gasta, quién lo recibe y qué mecanismos existen para evitar irregularidades.
El “bienestar” no se construye solamente repartiendo recursos. Se construye administrándolos con responsabilidad, transparencia y eficacia, porque cuando desaparece el dinero destinado a una beca, cuando el fertilizante llega después de la siembra o cuando un productor no puede entregar su cosecha por la desorganización gubernamental, alguien paga las consecuencias y nunca es el gobierno, son las familias.
El Segundo Informe del Gobierno Federal, es la evidencia de un gobierno que, mientras presume bienestar en el discurso, está dejando mucho malestar en la realidad.
Senadora de la Repùblica
