Cuando una víctima habla, el Estado debe escuchar
Por: Claudia Anaya Mota
Hay momentos en los que la responsabilidad de las instituciones se mide no por lo que dicen, sino por la manera en que responden cuando una persona se atreve a hablar.
Frente a un hecho de violencia, la primera obligación de las autoridades debería ser tan sencilla como contundente: a las víctimas se les cree. No significa prejuzgar ni sustituir a una investigación. Significa no descalificar de entrada su palabra, no minimizar lo ocurrido y, sobre todo, no hacer que quien ya fue víctima tenga que convertirse además en una persona que debe convencer al Estado de que lo que vivió merece ser atendido.
Después viene escuchar. Escuchar de verdad. Orientar a la víctima sobre las vías institucionales disponibles y facilitarle el acceso a ellas. Porque denunciar no debería convertirse en una carrera de obstáculos burocráticos, ni mucho menos en una experiencia de revictimización.
Y aquí aparece una responsabilidad fundamental: acompañar y proteger.
Las personas que denuncian hechos de violencia pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Por eso, las autoridades tienen la obligación de valorar los riesgos, adoptar las medidas de protección necesarias y garantizar que acudir ante las instituciones no incremente el peligro para quien denuncia.
Estos principios no son concesiones políticas ni favores de un gobierno. Forman parte de una concepción de los derechos humanos que reconoce, entre otros, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación integral y la obligación de garantizar la no repetición.
El derecho a la verdad implica que las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes fueron responsables y por qué fue posible que sucediera. La justicia, por su parte, exige que los hechos sean investigados con seriedad, imparcialidad y diligencia, y que, cuando corresponda, quienes resulten responsables sean sancionados conforme a la ley.
Pero hay algo más: la no repetición.
Investigar un hecho de violencia no solamente debe servir para mirar hacia atrás. También debe permitir que las instituciones aprendan, corrijan sus fallas y construyan condiciones para que aquello que ocurrió no vuelva a suceder.
En un estado como Zacatecas, esta responsabilidad adquiere una dimensión todavía mayor.
La violencia ha sido durante años uno de los principales flagelos que han lastimado la paz, la tranquilidad y la vida cotidiana de las familias. Por eso, cada denuncia debe ser vista como una oportunidad para recuperar algo que resulta indispensable para cualquier sociedad: la confianza en sus instituciones.
Cuando una persona tiene miedo de denunciar porque piensa que no le van a creer, que van a minimizar lo ocurrido, que será cuestionada por hacerlo o que quedará sola después de acudir ante una autoridad, el problema deja de ser únicamente el delito o el hecho violento que sufrió. Se convierte también en un problema institucional.
Y cuando una autoridad guarda silencio frente a una denuncia, existe el riesgo de que ese silencio sea interpretado como indiferencia.
Por eso, frente a cualquier víctima, independientemente de su filiación política, de su posición económica, de su actividad profesional o de cualquier otra circunstancia, las instituciones deben actuar bajo un mismo principio: la ley no puede tener colores partidistas.
En materia de seguridad y derechos humanos no debería haber víctimas de primera y de segunda. Tampoco denuncias que merezcan atención dependiendo de quién las formule.
Creer, escuchar, canalizar, acompañar, proteger, investigar y sancionar no es solamente una ruta deseable. Es la ruta que debe seguir un Estado que se toma en serio los derechos humanos.
Zacatecas necesita precisamente eso: instituciones que den certeza, que no cuestionen a los denunciantes y que envíen un mensaje inequívoco a quienes han sido víctimas: denunciar vale la pena, su voz será escuchada y no estarán solos frente al Estado.
Recuperar la seguridad no consiste únicamente en disminuir las cifras delictivas. También consiste en recuperar la confianza.
La confianza inicia cuando una víctima habla y la autoridad, en lugar de darle la espalda, responde: te escuchamos, te creemos, te protegemos y vamos a investigar.
Senadora de la Repùblica
