Por un regreso a clases respetuoso de nuestros derechos digitales

Julieta del Río
Por un regreso a clases respetuoso de nuestros derechos digitales
Al iniciar este 2026, millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes regresan a las aulas. El retorno a clases no solo implica mochilas, libros y listas de útiles; en un mundo cada vez más digitalizado, también supone compartir, almacenar y procesar datos personales en múltiples entornos, desde plataformas educativas hasta aplicaciones y redes sociales.
El derecho a la protección de datos personales es un derecho humano y constitucional que debe acompañar cada política pública y cada práctica cotidiana dentro de las escuelas, tanto en el nivel básico como en el medio superior y superior. Este derecho garantiza que la información que nos identifica no sea recabada, utilizada o difundida sin un propósito legítimo, informado y proporcional a la finalidad educativa.
Hoy, el marco legal en la materia ha experimentado cambios relevantes. Con la publicación de nuevas leyes en 2025, que regulan la protección de datos personales tanto en el sector público como en el privado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente al uso indebido de la información personal deben ser vigilados con mayor atención, ya que estas reformas reconfiguran la forma en que las instituciones están obligadas a garantizarlos y gestionarlos.
En el ámbito escolar, esta transformación normativa obliga a docentes, directivos y familias a reflexionar con mayor profundidad sobre cómo se recopila, resguarda y administra la información personal. No basta con cumplir de manera formal con un aviso de privacidad o con una casilla marcada de consentimiento; se requiere comprensión, responsabilidad y compromiso real.
La información de niñas, niños y adolescentes debe recabarse únicamente con el consentimiento informado de madres, padres o tutores, y siempre para fines educativos específicos, claros y necesarios. Cualquier uso distinto vulnera derechos y rompe la confianza que debe existir entre las comunidades escolares.
Un regreso a clases seguro también implica que los equipos y plataformas digitales utilizados por las escuelas cuenten con medidas de seguridad robustas que prevengan accesos no autorizados, filtraciones o usos distintos a los previstos, especialmente cuando se trata de herramientas para clases híbridas o virtuales.
De igual forma, no podemos ignorar el impacto de las redes sociales. Cada fotografía o video compartido en grupos de padres o en perfiles personales puede revelar más información de la necesaria: desde la ubicación del plantel hasta datos sensibles que podrían ser explotados fuera del entorno de confianza familiar o escolar. Es indispensable promover prácticas responsables de privacidad y educar a niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos, así como sobre los mecanismos para proteger sus derechos digitales.
Como sociedad, debemos entender que la protección de datos personales no es un trámite, sino una cultura preventiva que debe arraigarse en las escuelas. En este regreso a clases, la concientización sobre nuestros derechos digitales es fundamental, porque un regreso verdaderamente seguro no solo es aquel que protege la integridad física de nuestras y nuestros estudiantes, sino también el que resguarda su dignidad, su identidad y su privacidad.