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¿DELINCUENCIA ORGANIZADA DE CUELLO BLANCO?

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¿DELINCUENCIA  ORGANIZADA DE CUELLO BLANCO?

Aquiles González Navarro

 

Los zacatecanos vamos de sorpresa en sorpresa, de decepción a decepción y de irritación a irritación. Las arcas del Gobierno del Estado han sido saqueadas y muchos ciudadanos extorsionados.

Conocimos de la denuncia que fue presentada hace más de tres meses, por el  diputado Jorge Álvarez Maynez y otra por Cuauhtémoc Calderón y el Lic. Jesús Gaytán en contra del ex gobernador Miguel Alonso Reyes. Ambas por el delito de enriquecimiento ilícito.

En redes sociales se detallaron diversos inmuebles, muebles y ganado adquiridos por el ahora ex gobernador que, según  avalúo de conocedores, suman cantidades millonarias que con su sueldo, Alonso no hubiera tenido la posibilidad de comprarlos. Ni careciendo de acreedores alimentarios.

Cada adquisición de Alonso y las inversiones que hizo para mejorar los inmuebles y que  llegaban al conocimiento de la gente, eran motivo de publicitación en redes sociales, lo que  causaba  indignación justificada; a tal grado que dio origen al Movimiento Despertar Ciudadano, que exige a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado, informe sobre el estado que guarda la carpeta de investigación de las denuncias en contra de Alonso.

La exigencia llegará hasta el punto en que la institución encargada de procurar justicia, determine, previa investigación, si hay elementos para el ejercicio de la acción penal, o igual, resuelva, de no existir estos, el  no ejercicio y que lo informe a los zacatecanos.

Sólo que, ¡sorpresas da la vida! Resulta que el día 15 de septiembre pasado, en el periódico “El Universal”, se proporciona una información impactante que pudiera significar asociación delictuosa de alta escala:

A pocos meses de iniciar la gestión  de Miguel Alonso, el ex gobernador entregó contratos millonarios a empresas diversas de salud, alimentación y obra pública por medio de licitaciones irregulares, “Que caían en la discrecionalidad, provocando que, las compañías favorecidas competían sin rivales o bajo adjudicaciones directas”, dice el diario.

Las empresas pagaban  a familiares del ex gobernador y, las comunicaciones a través de correos electrónicos para “armar el negocio” se daban entre Juan Alonso y  Noé J. Cantú. La primera operación el 02 de febrero de 2011 fue para arreglar licitaciones millonarias de medicamentos y aparatos médicos. El periódico informante calcula adjudicaciones por el orden de mil 500 millones de pesos.

La empresa creada para la defraudación es “Medica Sierra Madre S.A de C.V.” y se menciona la intervención confabulada del doctor Raúl Estrada Day, Dino Enríquez y Le Roy Barragán  Ocampo, respectivamente director de servicios de salud, subdirector de servicios materiales y secretario de administración, todos en tiempos de Alonso.

En la información que dispone “El Universal”, se proporcionan datos sorprendentes sobre la forma como se operaron  los contratos para la compra de medicamentos a precios elevados y sin licitación.

Se reproducen intercambio de mensajes entre Juan Alonso y su primo político Noé J. Cantú para obtener ventajas, abriéndose la cuenta 0932876  en el International Bank de Mcallen Texas a nombre de la compañía inmobiliaria Vallereal Milenio S.A de C.V.  El mismo diario informa del beneficio que recibieron varias empresas a través de licitaciones “directas y opacas”.

Nutraseuticos, empresa proveedora de alimentos al DIF de Zacatecas, cuyo dueño es Mario Abeyta Ruíz, “ganó” siempre las licitaciones por más de 500 millones de pesos. Compranet, Bauen Tek y constructora Tierra y Espacio todas del área de construcción fueron favorecidas con obra pública. Tierra y Espacio está registrada a nombre de Humberto Godoy Castañeda, dueño de Constructora Plata y multimillonario de tres sexenios.

Se mencionan señalamientos de constructores diversos ante la Procuraduría General de la República, que tenían que pagar del 10%  al 25% del importe facturado de la obra a Juan Manuel Alonso Reyes.

Al parecer esta es una caja de Pandora de dimensión incalculable y que es obligatorio que se abra. El enriquecimiento desmesurado de algunos significa, o puede ser causa de  la pobreza y el desempleo de las mayorías, o explicar la carencia de medicamentos en el sector salud del estado.

La Procuraduría General de la República está obligada a proceder. Entendemos por ello, no  a fabricar delitos ni culpables, pero si los hay, a partir de una averiguación responsable, objetiva y sin favoritismos ni consigna, cumplir, simplemente cumplir con la alta encomienda de procurar justicia. El daño es muy alto y la caja de Pandora al parecer demasiado grande,

El grupo Despertar Ciudadano no pide a la Procuraduría General de la República que informe sobre detalles que violarían el principio de secrecía, sólo que habiendo transcurrido varios meses de la presentación de las denuncias por enriquecimiento ilícito, los zacatecanos tienen derecho a saber el avance. Si lo Hay. Si verdaderamente se está investigando. Los periodistas, investigadores de varios medios ya han hecho su parte. Esperamos la que corresponde a las autoridades de procuración. ¿50% de avance o cuanto señor Delegado de la Procuraduría?