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Presupuestos Judiciales.
Por: Juan Carlos Girón Enriquez
En estos momentos en los que todos los ojos están puestos en los presupuestos locales, en los gastos, deudas, programas y estrategias a seguir a lo largo del ejercicio fiscal de 2017, es importante que pongamos atención no solo a las necesidades locales, sino a aquellas erogaciones que se desprenden de políticas federales pero que tendrán serias repercusiones en el presupuesto local.
Pensemos por ejemplo en el sistema de justicia cotidiana que se encuentra en ciernes en el Congreso de la Unión, es una estrategia propuesta por el ejecutivo federal que tiene que ser aprobada por el poder legislativo pero que tendrá serias repercusiones en el poder judicial, tanto en el federal como en los locales, lo que implicará la transformación de muchas de las estructuras judiciales, lo que implica cambios en infraestructura, recursos humanos, recursos materiales, capacitación, etc., todo eso implica gastos.
Ante ese escenario no hay peor momento para llevar a cabo esas reformas, al menos en lo administrativo, no porque no sean necesarias, muchas de ellas si lo son, el problema es que el presupuesto de los diferentes poderes, como en poder judicial no puede contemplar esos gastos porque la reforma en su totalidad no esta aprobada y no saben el costo total que acarrearía y, por supuesto que el poder legislativo no aprobará un presupuesto sobre algo que pueda o no aprobarse en el congreso de la unión, aunque una parte de esa reforma ya esta probada y sobre eso ya se necesitan recursos que no han sido contemplados.
Una vez mas, el justiciable será quien pague los errores administrativos de un presupuesto mal organizado que no toma en consideración asuntos que si repercuten en la sociedad. El presupuesto del estado debería estar centrado en fortalecer ciertos aspectos en los que la sociedad siente que hace falta como seguridad pública, prevención, justicia, educación, lamentablemente esos temas no son importantes para los legisladores es mas importante renegociar la deuda pública, dotar de mayores recursos al ejecutivo cuando no se tiene una verdadera planeación de cómo o en que se van a gastar esos recursos ni los logros que se van a alcanzar con ello.
Lo inmediato, lo que se ve, lo que impacta de manera directa a la sociedad como la justicia, también requiere atención, también requiere de un presupuesto adecuado a las necesidades y a la función que cumple y a las nuevas funciones que ahora tendrá; la extensión territorial de la entidad y la distribución poblacional requiere que el poder judicial se fortalezca, porque la percepción de justicia en la población es de lejanía, no por falta de la misma sino por las distancias que se tienen que recorren en ocasiones para aspirar a ella. Lamentablemente, eso no es prioridad en el presupuesto local.
Es un tanto contradictorio que un poder que esta instalado en la capital del Estado, sin desplazarse a ningún lado, y que sesiona dos periodos al año, dos días por semana tenga un presupuesto en el que solo las herramientas legislativas representan mas de la mitad del presupuesto total con el que cuenta el otro poder  que tiene que desplegarse a lo largo y ancho del territorio del estado.
Definitivamente que las prioridades presupuestarias en nuestra entidad no tienen claras las prioridades y, mucho menos claros, los objetivos, puesto que los destinos de los recursos no se fijan en base a las necesidades sociales sino en base a los caprichos de los gobernantes, aunque eso no concuerde con la demanda de la población.
Los que imparten justicia deben de tener verdadera autonomía, y estar en posibilidad de desarrollar su trabajo de la mejor manera posible en todos los distritos judiciales. No deben estar al capricho de la voluntad presupuestaria del legislador o del gobernante, porque eso, además de poner en riesgo la autonomía de los poderes, impacta negativamente en el modelo de justicia que la sociedad necesita y se merece.
Ojalá que existieran legisladores verdaderamente comprometidos con la autonomía de los poderes, con la justicia y con la sociedad que se preocupen por otorgar al poder judicial un presupuesto digno para que realicen las tareas que les han sido asignadas acorde a las necesidades de los zacatecanos.
Docente Investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. E-mail: giron705@hotmail.com

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