La opinión importa.
Por: Juan Carlos Girón Enriquez
Mucho se habla de la responsabilidad social de las universidades públicas y, es cierto, se ha perdido ese posicionamiento que se tenía en temas de impacto social en el que podían participar quienes conducen las Universidades Públicas, tanto en nuestro estado como a nivel nacional.
Que lejos han quedado aquellos años en los que los directores de las distintas facultades, hoy unidades académicas, tenían incidencia en la toma de decisiones a nivel gubernamental. Se opinaba sobre temas relacionados con sus áreas de conocimiento y, en muchas ocasiones, cuando los gobiernos eran lo suficientemente receptivos, esas opiniones influían en la toma de decisiones.
Los maestros y directores de la facultad de contaduría, por ejemplo, opinaban sobre temas presupuestales o de gasto público, impuestos, entre otros temas y eran tomados en consideración por quienes tomaban decisiones en esos rubros.
Los directores de las escuelas de ingeniería civil o topográfica e hidráulica opinaban sobre temas relacionados con la construcción de obras públicas, o relativos a temas de movilidad o desarrollo urbano y territorial y de la misma manera influían en la toma de decisiones.
No se diga de los directores de la entonces facultad de derecho, que opinaban sobre la designación de magistrados, incluso llegando a proponer a maestras y maestros con trayectoria amplia en temas jurídicos que pudieran aportar a la consolidación del sistema de justicia. Opinaban también sobre reformas legales que impactaban de diversos rubros, había participación y conocimiento sobre temas diversos del ámbito jurídico, pero, sobre todo, su opinión era tomada en cuenta.
Como ya se dijo, lejos han quedado esos tiempos, ahora parece acrecentarse cada día más la división entre gobierno y universidad, a grado tal que la opinión de quienes dirigen las escuelas no es un tema que le preocupe mucho al gobierno, pero también nos damos cuenta de que muchos directores y directoras prefieren no opinar sobre diversos temas por el miedo a “hacer enojar al gobierno” o porque ni siquiera conocen del tema. Esas dos posturas son igual de preocupantes.
El “hacer enojar al gobierno” no es es mas que una postura de conformismo en la que no quieren externar su opinión por temor a represalias, lo que contraviene la esencia de la universidad pública y de quienes laboramos en ella, puesto que parte de nuestra función es formar profesionistas con una mentalidad crítica.
Por otro lado, el desconocimiento de los temas de interés social nos habla de ese aislamiento que se agudiza cada vez mas, en el que pareciera que, por un lado están los problemas sociales y por otro, muy lejano, la educación superior, cuando es precisamente el primer tema el que le da origen al segundo, no puede existir una educación superior de calidad si no se enfoca en resolver los problemas sociales actuales, si no se centra en atender las necesidades colectivas, si no se concentra en resolver la contradicción fundamental entre gobierno y sociedad.
Pensar a las universidades públicas, aisladas como ahora están desde sus direcciones, de las reformas jurídicas y de los problemas sociales, es parte del gran problema que vive el nivel de educación superior en nuestro país.
Por ello es que resulta imperativo el que, quienes conduzcan las universidades públicas y las escuelas y facultades que conforman estas universidades, amplíen su panorama, su visión, y que desde el salón de clases y los laboratorios incidan en la solución de problemas sociales, pero que así también opinen sobre ellos y propongan, sin temor de que gobierno se pueda molestar, porque es también tarea impostergable el recuperar esos lazos de colaboración entre gobierno y universidad.
