Encuesta por un aeropuerto.
Por: Juan Carlos Girón Enriquez
El futuro presidente de la república, ahora presidente electo, aún no entra en funciones y ya esta dando mucho de que hablar, situación que no nos extraña en lo más mínimo, porque desde mucho antes que iniciara su campaña por la actual presidencia ya se había convertido en un personaje que gustaba de aparecer en la vida pública para opinar, proponer o criticar a los gobiernos en turno.
Ahora el tema esta en la encuesta por el aeropuerto de la Ciudad de México, un tema que si bien es cierto afectará el presupuesto nacional de manera considerable, hay muchos mexicanos que nunca en su vida harán uso de dicha infraestructura, lo que tampoco significa que no se vayan a ver beneficiados por ello, puesto que directa o indirectamente, la conectividad que representa el aeropuerto actual, implica beneficios económicos para gran parte de la población, aunque sea de manera indirecta.
Lo importante del debate no es la necesidad o utilidad de un nuevo aeropuerto, porque eso es algo que, definitivamente, tendrían que definir expertos tanto en ingeniería aeronáutica como en uso de suelo, impacto económico y todos esos indicadores macro y micro de los que, definitivamente, la población en su conjunto no podemos opinar; que quede claro que no estoy menospreciando la capacidad de la sociedad, pero si debemos considerar que no todos los integrantes de la población dispuestos a participar en la consulta contamos con el conocimiento en áreas especializadas sobre las cual se requiere tener un mínimo de información para poder opinar sobre la viabilidad o no de un nuevo aeropuerto.
En pocas palabras, la construcción o no de un nuevo aeropuerto no es un tema que se deba someter a consulta, mucho menos a una consulta que no cuenta con el respaldo legal para llevarse a cabo. En un país que se dice respetar el Estado de Derecho no puede someter a votación un tema trascendental para la economía y el desarrollo como la construcción de un aeropuerto, al menos no a una consulta popular y menos sin cumplir el procedimiento establecido para ello en la Constitución.
En definitiva, hay temas que por su naturaleza, su importancia, su impacto o su fácil politización, no debemos someter a consulta; tomemos el ejemplo de Colombia y su gobierno, que decide llevar a consulta pública un tema tan importante para la estabilidad del país como lo es la paz. No podemos dejar de lado los resultados de dicha consulta que lejos de reflejar el sentir popular de las personas que habitaban en la zona de conflicto, fue una decisión tomada por la mayoría que vivía lejos de dicha zona y que probablemente nunca había sufrido de manera directa la violencia que secuestro por 50 años algunas regiones de aquel país.
Así, después de una consulta popular sobre un tema que tocaba fibras sensibles de la sociedad colombiana, se echaron por la borda años de procesos de pacificación, desarme y reconstrucción del tejido social, simple y sencillamente porque un tema de habilidad política se quiso volver popular. De la misma manera, un tema de desarrollo económico, de impacto al medio ambiente y de seguridad ciudadana, se puede volver un acto de mero populismo al someterlo a consulta con una papeleta que, además de ser inconstitucional, vuelve tendenciosos y viciados los resultados por la pluralidad de opciones que presentan cada una de las posibles respuestas.
No se trata de volver todo el gobierno un acto de popularidad, es simple sensatez política lo que exigimos de nuestras autoridades y que si es un asunto de tanta importancia, en lugar de consultarlo con la población lo consulte con expertos especializados en el área para que la decisión que se tome sea la mejor en lugar de ser la más popular
Docente Investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. E-mail: giron705@hotmail.com.
