Luis Noé Maldonado Sánchez*
LA CORRUPCIÓN NO ACABARÁ SOLO POR DECRETO.
Claro está que el problema de la corrupción en México y en el mundo no es exclusivo del sector público. La realidad no ha demostrado que en los actos o hechos de corrupción participan personas físicas y morales, unas que prestan su servicio al Estado y otras que solicitan o participan de los servicios encomendados al mismo. Sabemos que los entes públicos que integran y participan en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción así como en los Sistemas Locales realizan acciones encaminadas a prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción por parte de servidores públicos y a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también los actos de corrupción de los particulares. No estamos lejos de que los mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas previstos en la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, tales como la implementación de códigos de ética, la declaración 3 de 3 que incluye la declaración patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos, muestren su efectividad, y para ello me parece que una parte del esfuerzo de los entes que componen el Sistema Nacional y Locales Anticorrupción debe dirigirse hacia las personas físicas y morales del sector privado, inclúyase en ello a las que participen en contrataciones públicas, las cámaras empresariales, organizaciones industriales o de comercio, con el propósito de que conozcan el marco normativo en materia de responsabilidad administrativa, así como proporcionarles la orientación necesaria para que se materialice “el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización”, como está previsto en la referida Ley. La importancia de la participación del sector privado en el combate a la corrupción, estimado Lector, va más allá de capacitar y dar a conocer a ese sector las buenas intenciones del Sistema Nacional Anticorrupción, sino más bien, es hacerlos participes de las acciones que deben emprenderse para disminuir, controlar y en un futuro que todos esperamos que no sea muy lejano, acabar con la corrupción. México es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; como consecuencia de ello en nuestro país se realizaron reformas constitucionales, reformas a leyes y la publicación de nuevas leyes tanto a nivel federal como estatal, en parte con el propósito de adoptar las medidas legislativas comprometidas en esa Convención, como lo es tipificar como delito el soborno a funcionarios públicos nacionales y extranjeros, soborno en el sector privado, el tráfico de influencias, entre otros. Para el caso, es urgente ayudar a las empresas a combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética, para que implementen controles, como ya se está haciendo en el sector público, que incrementen su capacidad de prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno. No tengo dudas de que, con todo el marco normativo existente y con la voluntad y participación de la sociedad civil organizada, es posible vincular ya al sector público con el privado en la lucha contra la corrupción. El soborno en el sector privado no sólo tiene consecuencias comerciales negativas tangibles, también destruye algo más difícil de recuperar, la confianza en la organización, la reputación de la marca. Cito algunos ejemplos de gestos empresariales que pudieran en la actualidad constituir un riesgo de soborno que debe prevenirse: a) Regalos entretenimiento y hospitalidad, b) Donaciones políticas o de caridad, c) Viajes públicos, d) Gastos de promoción, e) Patrocinio, f) Formación, g) Membresías a clubes, h) Favores personales. Empecemos por ahí, seamos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos; la corrupción no acabará solo por decreto, porque la falta de congruencia también es corrupción.
Maestro en Finanzas,
*Maestro en Finanzas
