La 4t y el “tercer informe”
Por: Juan Carlos Girón Enriquez.
Cada quien tendrá sus razones, unos a favor y otros en contra, así son las sociedades democráticas, lo que no está a discusión es que las leyes se deben respetar, iniciando por quien encabeza el Ejecutivo Federal.
Todo lo que se hace en nombre y representación de la soberanía nacional, debe ser respetando la ley y los objetivos democráticos del país. Independientemente de quien cuente la historia, la realidad es que nuestro país esta cimentado en ideales revolucionarios, en democracia, en participación y en representación democrática. Esos son los principios que debemos promover y respetar.
Se puede decir todo lo que se quiera sobre la necesidad de una nueva Constitución, sin embargo, en estos momentos es la máxima ley vigente en nuestro país y tenemos que respetarla. Eso, en el fondo, no es el tema a discusión.
La ley suprema en México es la constitución, y por encima de ella, como bien lo apunta el presidente, nadie, ni el mismo presidente.
El modelo de presidencialismo “anquilosado” al que tanto hace referencia el actual presidente, parece no haber quedado atrás, por el contrario, es él quien pretende revivir esas figuras, un congreso a modo y las reformas a medida, que atentan no solo contra el modelo de democracia mexicana, sino contra las instituciones que tanto tiempo nos ha llevado construir.
Las presentes líneas no tienen como finalidad convencer a nadie de que tiempos pasados fueron mejores, ni acentuar la gran división nacional entre chairos y fifís, porque hay que convencernos de que un discurso de confrontación no abona a la democracia ni a la construcción de ciudadanía, por el contrario, fragmenta y acentúa la brecha entre sectores de la sociedad.
Lo que si pretenden hacer estas líneas es resaltar el daño que se puede estar causando a largo plazo con este tipo de discursos que confrontan a los mexicanos, por un lado el discurso contra la corrupción en el que no hemos visto caer a ningún culpable y tampoco percibimos acciones concretas para deslindar responsabilidades y, por otro lado, el cierre de instituciones o programas bajo el argumento que se ha descubierto una red de corrupción en la que, dicho sea de paso, se descubre todo lo malo que hicieron pero no sabemos quien lo hizo y mucho menos la sanción a la que se hicieron acreedores.
Si para evitar el endeudamiento público se pretende cerrar instituciones, el ahorro no va a impactar en el desarrollo, por el contrario, pareciera que estamos ante un adelgazamiento del aparato burocrático, sin realizar una ingeniería administrativa que permita, mas allá de desentramar las presuntas redes de corrupción, eficientar los recursos humanos y materiales con los que cuenta el Estado.
Ante esta perspectiva, es importante recalcar que la sociedad esta cansada de simulación, de falsos ídolos o mesías así como de ver que las normas no se respetan, por lo que hablar de una cuarta transformación, si bien es cierto, implica una profunda reforma a las instituciones, no es menos cierto que dichas reformas deben estar basadas en un análisis objetivo de las reformas que se quieren hacer, fundadas y motivadas en verdaderas investigaciones y no en cacerías de brujas, como parece ser que se han llevado a cabo hasta la fecha.
Es importante que las autoridades, en particular el presidente, tome verdadera consciencia de lo que implica fincar responsabilidades y desquitarse con las instituciones, en lugar de con las personas que han quebrantado la ley. Pero que podemos esperar de una figura presidencial que, sin el menor respeto por la formalidad establecida en la constitución denomina, equivocadamente, tercer informe de gobierno, lo que, en términos formales, es el Primer Informe de su administración.
En estos casos, solo cabe hacer un llamado a la autoridad para que promueva el respeto a la ley con el ejemplo, llamar a las cosas por su nombre legal y formal, el primer informe no es el tercer informe, así como sexenio presidencial no es una transformación, eso que lo juzgue la historia.