En las Licitaciones Públicas, ¡todo, pero no tanto!
Luis Noé Maldonado Sánchez
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria para que libremente se presenten proposiciones solventes, en sobre cerrado que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado o al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así lo establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Pero en la actualidad realmente ¿qué porcentaje del total de compras y contratación de obra se licita? La Organización Mexicanos contra la corrupción y la Impunidad destacó durante el primer trimestre de este año 2019, que “durante los primeros 116 días de la actual administración federal se han adjudicado de manera directa 74.3% de los contratos registrados en Compranet”. Y no suena tan descabellado el dato estimado lector, pues los antecedentes en las administraciones públicas Estatales y Municipales andan más o menos por las mismas. Cuesta trabajo entender que si nuestra Carta Magna establece que todas las compras y contrataciones de obra deben licitarse, el porcentaje del total de licitaciones no llegue ni a la mitad. Por ello vale la pena reflexionar sobre la causa de este dato tan controversial. Mire usted, resulta que la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas prevé en el segundo párrafo del artículo 144, que “Cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, las leyes establecerán los procedimientos, requisitos, bases, reglas y demás elementos para garantizar la economía, eficiencia, imparcialidad y honradez. Ya salió el peine, o sea que ¡todo pero no tanto! Y de este párrafo se agarran las administraciones públicas de cualquier nivel para recurrir a cualquier otro procedimiento de contratación a efecto de evadir los procedimientos de licitación pública, bajo la justificación de que el monto de la compra u obra pública es tan bajo que licitar resulta económicamente incosteable, o bien que a causa de una emergencia nacional, urgencia o prisa, no es conveniente esperar a que se realice el proceso de licitación porque 20 o 30 días hábiles son muchísimo tiempo. Total que justificaciones siempre sobran para adjudicar casi el 80% de las compras y contrataciones de obra pública en la administración pública, todo en perjuicio del precio, calidad, financiamiento y oportunidad a los que se refiere la Constitución, y ya ni hablar de la imparcialidad y la honradez en los procedimientos, pues asumiendo que solo el 20% del total de compras y contrataciones de obra pública se licita, las administraciones públicas se olvidan también de que “los estudios internacionales señalan que una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad de corrupción gubernamental es la adopción del método de licitaciones abiertas y transparentes tanto en compras gubernamentales como en infraestructura”, como lo señala la misma organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Por otro lado, si en verdad las administraciones públicas desean disminuir los índices de percepción de la corrupción, deberían avocarse a revertir las proporciones señaladas anteriormente; imaginemos licitaciones públicas al 80% del presupuesto asignado para adquisiciones de bienes, servicios y contrataciones de obra pública, en donde participen los mejores oferentes de bienes y servicios en el mercado nacional e internacional, licitaciones transmitidas en vivo por internet, y en donde los criterios para la adjudicación de los contratos no sea solamente el monto de la propuesta económica, sino realmente se asignen contratos al proveedor que ofrezca las mejores condiciones de en cuanto a calidad y oportunidad, y por supuesto que se sancione a los proveedores que falseen información fiscal y financiera para poder participar en los procedimientos de licitación. No pues ya casi, en la mayoría de la población se tiene la expectativa de que los datos estadísticos actuales cambien, de no ser así, en esta materia veremos una desilusión más. Hasta el próximo comentario, muchas gracias estimado lector.
Maestro en Finanzas.