Hacia la Junta de Gobierno en la UAZ.
Por: Juan Carlos Girón Enriquez.
No se trata de un simple capricho o de renegar solo porque sí, por el contrario, el que nos encontremos en un escenario poco claro, no significa que tengamos que destruir lo poco o mucho que nos queda de las instituciones.
La pandemia ha provocado que muchas situaciones no previstas se lleven a extremos que caen en lo que no es legal, tal es el caso del relevo de las autoridades universitarias.
De conformidad con la Ley Orgánica y el Estatuto General, las elecciones debieron llevarse a cabo en el mes de mayo, de tal forma que las nuevas autoridades electas tomaran posesión, para un periodo de cuatro años, unos a finales de agosto y el Rector el 6 de septiembre.
Debemos tener presente que todas las figuras de autoridad que llegan a su cargo vía elección lo son por un periodo de cuatro años, lo que significa que no pueden durar mas tiempo del ahí señalado, porque incurrirían en una violación a la legislación universitaria.
Las normas de salud, que se encuentran por encima de la legislación universitaria, mandataron la suspensión de las actividades frente a grupo, por la concentración de personas en espacios cerrados para evitar la propagación del virus SARS Cov 2. Eso no significa, en ninguna circunstancia, que dicho acuerdo autoriza a las autoridades universitarias permanecer en su puesto por más tiempo.
La legislación universitaria dice que ante la ausencia de la autoridad, debe nombrarse un interino, en sentido estricto, eso es lo que deberá suceder a partir del 6 de septiembre, no se debe prolognar el mandato de las autoridades que se encuentran en funciones, porque esa figura no esta contemplada en la legislación. En lugar de ayudar, estarían generando un conflicto muy serio para la institución, puesto que ante una auditoría externa, no habría manera de justificar legalmente, la permanencia de las autoridades en sus espacios, por un plazo mayor al cual fueron electos, sin embargo, el nombramiento de interinos si esta contemplado en la norma y no generaría ingobernabilidad, puesto que se designaría a la persona subsecuente en el cargo, como al secretario general, que está informado de la situación que guarda la universidad.
Es claro que se optó por la opción menos legal, no por salvaguardar los intereses de la institución, sino por evitar que el ahora secretario general, aspirante a la rectoría, se viera imposibilitado para contender.
Es lamentable reflexionar sobre este tipo de temas, porque nos damos cuenta de que a algunos aspirantes, les interesa más el poder por el poder, que la viabilidad de la institución.
Cierto es que la posibilidad de la suspensión del proceso electoral al interior de la Universidad no se encuentra contemplada en la legislación universitaria, pero existiendo salidas alternativas con figuras equiparables se opto por la menos legal, democrática y la que mas perjudica, a largo plazo, a nuestra institución.
Las malas decisiones, como ésta, pueden provocar que, en determinado momento, el gobierno federal y estatal intervengan la Universidad a grado tal que se pierda la democracia interna, se establezcan las juntas de gobierno y con ello se mine el desarrollo y la vida universitaria. Son caminos peligrosos y nuestras autoridades deberían estar pensando muy seriamente no abrir puertas que después no vamos a poder cerrar. La democracia universitaria es uno de los valores más importantes con los que contamos, porque tanto alumnos como trabajadores y docentes, participan activamente en los procesos de elección.
Si ya de por si se ha intentado convertir a la UAZ en un satélite de partidos a merced de los grupos en el poder. Las juntas de gobierno pueden ser todavía más peligrosas.