PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mtro. Saúl Monreal Ávila*
El fenómeno de la seguridad depende de un conjunto de elementos que abarcan distintas dimensiones de la realidad social; cada uno responde a distintas circunstancias y la acción gubernamental debe tener en cuenta esta diversidad, si desea garantizar el derecho humano a la vida y a la seguridad de las personas.
Uno de los retos que enfrenta cualquier autoridad que tiene en sus manos la seguridad, es que lo que ocurre objetivamente en términos de seguridad, dentro de un entorno social, y puede no coincidir con lo que subjetivamente percibe cada persona en la cotidianeidad de su vida. Si tomamos los datos oficiales sobre delitos de alto impacto en todo el país, entre 2019 y 2020 la incidencia de este tipo de delitos bajó para 16 de las 18 actividades consideradas particularmente delitos, como secuestro, robo a transeúnte, robo de vehículo, robo en transporte público, robo de ganado y robo a casa-habitación, que disminuyeron en 20% respecto al periodo anterior.
En este periodo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) encontró que el 68.2% de la población mayor de edad considera que la inseguridad es el principal problema público (por encima de temas como empelo y salud). A nivel municipal, esta percepción de inseguridad aumenta a 70.3%. Esta distorsión, entre lo que se percibe y lo que ocurre en los hechos, responde a distintos factores, dimensiones y circunstancias; por ejemplo, si una persona fue víctima directamente o su experiencia con el delito está matizada por la opinión pública (casos conocidos, exposición a medios de comunicación, etcétera). La propia ENVIPE, en 2021, encontró que el consumo de alcohol (65.5%) y de otras drogas (48.1%) son las conductas antisociales que más ocurren en los alrededores de sus viviendas.
Queda claro que es en el entorno social inmediato (la vivienda y la municipalidad) donde se percibe mayor vulnerabilidad. Es en esta dimensión donde deben concentrarse los esfuerzos de las autoridades para reducir efectivamente la incidencia delictiva y de conductas antisociales. Por ello, el modelo nacional de policía que se ha adoptado para fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades, busca aproximarse a la sociedad, al atender las causas no criminales del delito, como las conductas antisociales; por ejemplo, el consumo de alcohol y de otras drogas en el espacio público. Este tipo de conductas suelen ser competencia de la justicia cívica, que sanciona el proceder de las personas que atentan contra la cultura cívica, pero que por su naturaleza no son sujetas de sanciones penales.
Sin embargo, este modelo de policía y de impartición de justicia depende no sólo del fortalecimiento institucional, sino de la participación activa de la ciudadanía, para reducir la brecha entre gobierno y sociedad. Las faltas administrativas que sancionan los juzgados cívicos dependen del contacto permanente entre las personas y los servidores públicos encargados de la seguridad y la justicia. En un entorno democrático, resulta importante mantener abiertos los mecanismos institucionales, para que las dependencias alcancen su potencial. Ciudadanía y gobierno, cada uno con sus derechos y deberes, debemos trabajar para construir la seguridad de nuestras comunidades.
Docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ
saulmonrealavila@hotmail.com
