Sin justicia, no hay paz
Por Claudia Edith Anaya Mota
El discurso de seguridad del Gobierno Federal se ha centrado en recuperar la paz, pero la estrategia se ha caracterizado por estar desarticulada y pese a que la incidencia delictiva va en aumento -acorde con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública-, no hay alguna luz de que esta situación pueda cambiar en el corto o en el mediano plazo y les explicaré las razones.
La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, son la herramienta para alcanzar la justicia y en consecuencia, la paz. Son el ente articulador entre la policía y el Poder Judicial y entre sus principales funciones encontramos: investigar los delitos y esclarecer los hechos, fortalecer el Estado de Derecho, prevenir el delito, evitar la impunidad y procurar una justicia expedita, eficaz y efectiva, siempre apegada a derecho.
Para llevar a cabo investigaciones apegadas al método científico, las fiscalías (federal y estatales) se apoyan en dos pilares fundamentales: la policía ministerial y los servicios periciales.
A pesar de ser columnas para abatir la impunidad, no fueron fortalecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Las y los diputados del partido mayoritario en el poder, aprobaron recortes significativos a diversos organismos autónomos y las fiscalías merecían un apoyo extraordinario, porque vivimos una situación extraordinaria. Con su aprobación, las fiscalías están condenadas a la inoperatividad, la ineficacia y al estancamiento.
En consecuencia, si no contamos con Ministerios Públicos, con peritos públicos de investigación suficientes y con el presupuesto necesario para hacer las indagaciones de prueba, no se van a reunir las carpetas de investigación de manera correcta para lograr la judicialización de los procesos y por ende, las sentencias en firme. Por el contrario, seguiremos viendo a fiscalías rebasadas y sin poder hacer mucho para abatir la impunidad. Este escenario es muy delicado.
Comprendo la política de austeridad del gobierno federal y que tiende a ser imitada por los gobiernos estatales que emanan del mismo partido del Presidente a través de “políticas espejo”, pero lo que no es comprensible, es que esta política de austeridad debilite a las fiscalías estatales y más, donde el flagelo de la violencia crece día con día.
A modo de ejemplo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (antes conocida como SIEDO) recibirá aproximadamente 10% menos dinero que en 2021 y ello no resulta justificable cuando el propio Gobierno Federal reconoce en su Tercer Informe, que se incrementaron 7.5% los delitos de esta materia.
Particularmente en Zacatecas, la organización “México Evalúa” ha alertado que el recorte a la Fiscalía, es un “golpe brutal”, porque no podrá continuar con sus esfuerzos de abatir al crimen organizado que amenaza la paz y la tranquilidad de las familias.
Acorde con esta organización, una de cada dos resoluciones son casos que se envían al archivo temporal. Asimismo, la Fiscalía se abstiene de investigar en cuatro de cada 10 casos, en su mayoría relacionados con desaparición forzada y homicidio doloso, cuando son estos delitos los más graves en el Estado: hasta el 15 de noviembre sumaban 700 casos, a la misma fecha del año pasado, hubo 316.
Lamentablemente, experimentamos un incremento de incidencia delictiva y los recortes solo incrementan la incertidumbre, la inseguridad y el dolor en todo el territorio nacional.
*Senadora de la República.
