REVOCACIÓN DE MANDATO
Por: Isadora Santivañez Ríos
Hablar técnicamente de la revocación de mandato y tratar de dar datos estadísticos que permitan hacer una comparativa en términos positivos o negativos respecto a las ventajas o desventajas que esta tuvo, resulta ser un tema ya trillado, debido a que a lo largo de estos días, hemos escuchado a través de todos los medios de comunicación y de las redes sociales una diversidad de análisis respecto a este ejercicio meramente democrático.
Por lo que considero necesario enfocar los argumentos en un sentido más social e histórico, que permita reflexionar respecto a la situación actual en la que nos encontramos como país y a la necesidad de adaptación que tenemos dentro de nuestra sociedad.
Primero que nada, encontramos un ejercicio que se dictamina desde las altas esferas del poder, sin ser una consulta que socialmente fuera vista como un tema prioritario, mucho menos, por la ya conocida aceptación ciudadana que tiene nuestro actual Presidente de la República, por lo que, de fondo, se genera un vicio de origen y esto le quita cierta legitimidad a la consulta popular.
Sin dejar de ser un hecho histórico y plausible como un motor que impulse la participación ciudadana, sin lugar a dudas, las consultas realizadas por López Obrador, son temas de agenda de López Obrador y resultan caprichos realizados a maña para satisfacer deseos personales y que reflejan una constante necesidad de aceptación y reconocimiento, más que un interés legitimo por resolver las necesidades de la ciudadanía.
Por otro lado, encontramos un instituto electoral empoderado, que maneja conforme a sus prioridades el tema presupuestal destinado a esta consulta, ya que, al no recibir el recurso solicitado para realizar dicho ejercicio democrático, “adaptó” su estrategia a “lo que había”, instalando un número reducido de casillas, lo que dificultó la movilización ciudadana y dio el argumento perfecto para justificar la baja participación social.
Así pues, el instituto electoral se lava las manos, mientras que el Gobierno de la República los acusa de comparsas de los “tradicionalistas”, es decir, de todo aquel que no piense igual a Andrés Manuel.
Sin embargo, es necesario visibilizar el trabajo realizado por el INE, ya que pese al recurso ejercido y a su evidente renuencia a trabajar en periodos no electorales, logró instalar un número importante de casillas contando con todos sus funcionarios, papeletas y material necesario para llevar a cabo dicha jornada de consulta y mostró gran legitimidad en su organización y operación, dando ejemplo de que nos encontramos ante un instituto que ha alcanzado la credibilidad necesaria, por lo menos desde el tema nacional, para garantizar su permanencia y vigencia institucional.
Ante estos dos escenarios, debemos reconocer que nuestro país está viviendo un proceso de democratización, en el que las autoridades electorales están alcanzando el reconocimiento necesario para subsistir y la participación ciudadana se está normalizando como un tema de impacto en la perspectiva social, algo, que hace algunas décadas, era uno de los puntos nodales que México tenía que superar.
Es innegable que aún hay mucho por hacer, pero vemos desde un sentido positivo, que estamos dando pasos agigantados hacia la democratización en nuestro país y haciendo evidente la importancia que tiene la participación ciudadana y el involucramiento de todos los sectores sociales en las distintas esferas del ámbito público y de gobierno.
Sin embargo, hay algo que particularmente queda a la vista, ante una serie de acciones tendientes a seguir realizando las viejas prácticas de siempre, como lo son el acarreo, la compra de votos, el condicionamiento de los programas sociales, la movilización de los sectores burocráticos o que son parte de la nómina de gobierno, entre muchas otras más, que quedaron de manifiesto en esta jornada de consulta popular, ya que es notable, el hecho de que en el estricto sentido de movilización electoral, es decir, todo lo que corresponde al ente social y de gobierno, en México, no ha cambiado absolutamente nada, seguimos siendo comparsas del autoritarismo, del llamado “sistema”, del ente público que maneja las necesidades sociales a su antojo y capricho, y que ve a la democracia como mero argumento de legitimidad.
El día que se deje de lucrar con la necesidad del pueblo para satisfacer el ego de los que ostentan el poder, será el momento en el que nuestro país, pueda tener un gobierno verdaderamente legitimo.
