La paridad en todo, una asignatura pendiente
Por: Claudia Anaya Mota
Como legisladora y servidora pública, una de mis metas es lograr un Zacatecas y un México donde hombres y mujeres, tengamos las mismas oportunidades de desarrollo y superación. Desde mi experiencia en la vida política y pública, he pugnado porque las mujeres también estemos presentes y participemos de manera directa en los espacios de decisión, no solo en el Congreso de la Unión, sino también dentro de la administración federal, estatal y municipal.
El 6 de junio de 2019, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma constitucional que aprobamos en el Congreso de la Unión conocida como “paridad en todo”, que tiene como meta aumentar la presencia de las mujeres en las directivas, tanto en lo político como dentro de la administración pública y esta aprobación fue producto de una larga lucha por la inclusión de las mujeres y de insertar la visión de género dentro de las políticas públicas en los tres niveles de gobierno.
La reforma consideró que el principio de paridad debía ser progresivo, es decir, que conforme se renovaran las distintas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, la legislación federal debía materializarse. Desafortunadamente, luego de que el año pasado se renovaron 15 gubernaturas que en teoría debían poner en práctica el principio de paridad en la conformación de sus gabinetes, el respeto y vigencia de la norma, no están del todo presentes en las mentes dos las y los titulares de los poderes ejecutivos estatales y municipales, tal como lo dio a conocer el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
En el informe, destacan datos que llaman la atención, por ejemplo: En 2018 el Gabinete Federal sí fue paritario (aún sin la entrada en vigor de la reforma constitucional) lo cual significó una luz de esperanza para las mujeres, sin embargo, conforme ha transcurrido el sexenio, la presencia de las mujeres ha disminuido. En 2022, solo ocho de las 20 dependencias federales son ocupadas por mujeres, es decir, el 42%.
A nivel estatal y municipal, el panorama es aún más desalentador. De las 524 instituciones que conforman la administración central de los estados, únicamente 46 están encabezadas por mujeres, es decir, el 8.8%; solo ocho entidades de las 32 que conforman la República Mexicana tienen una presencia femenina dentro de un rango de entre el 40% y el 47% y son: Baja California Sur (45.5%), Ciudad de México (47.7%), Michoacán (46.7%), Morelos (44.4%), Querétaro (41.2%), Quintana Roo (40%), Sinaloa (46.2%) y Zacatecas (47.7%).
Destacan que solo 6 administraciones estatales cumplen con la reforma constitucional y son: Colima (63%), Puebla (58%), Chiapas (56%), Oaxaca (56%), Nuevo León (52%) y Guerrero (50%).
Por otra parte, es notorio que aún persisten los estereotipos de género en la designación de las responsabilidades dentro de los gabinetes gubernamentales, porque a nivel federal hay 18 mujeres al frente de las Contralorías, 15 titulares son de Turismo y 14 encabezan dependencias relacionadas con el turismo, carteras que cabe mencionar, son las que tienen menos presupuesto y menos participación política, pues en contraste, solo hay una mujer en la Oficialía Mayor y una más en la Conserjería Jurídica. No hay ninguna Secretaria de Gobierno.
Estos datos nos deben llevar a la reflexión, porque nuestra Constitución Política queda sin vigencia en la garantía de una democracia paritaria y en los hechos, las mujeres seguimos siendo relegadas a funciones de menor influencia política, o que “responden” a los que suponen ser roles de género en las áreas administrativas.
Reconozco que como Poder Legislativo tenemos pendiente proveer un mecanismo que realmente garantice este principio y al mismo tiempo, consideremos sanciones para aquellos que incumplan este mandato constitucional.
*Senadora de la República.
