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¿INOCENTE O PRESUNTO CULPABLE?

Por: Isadora Santivañez Ríos

En México, toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, sin embargo, la llamada presunción de inocencia queda de lado cuando el escrutinio mediático entra en la jugada de algún caso de presunta violación a la ley, por lo que la justicia comienza a tomar un rumbo, que no siempre, va conforme a lo que indican nuestras leyes y reglamentos.
Lamentablemente, en México vivimos una burocracia que en lugar de ayudar a que fluyan los procesos legales, los detiene y los manda a un sistema caduco que impide la impartición de justicia pronta y expedita.
Es por tal motivo, que durante los últimos años ha entrado al debate de nuestro sistema de justicia, la necesidad de desaparecer el recurso legal de la prisión preventiva oficiosa, la cual se distingue por la posibilidad de encarcelar a las personas que se encuentran inculpadas por algún delito grave, sin previo juicio o sentencia, con el objeto de generar una medida cautelar que permita un adecuado proceso legal.
La prisión preventiva oficiosa se aplica de manera automática con los delitos que son considerados como graves por lo que algunos especialistas consideran que esta puede contribuir al punitivismo en el sistema penal, así como a la violación de los derechos humanos. Además, de que pude entorpecer los procesos de procuración e impartición de justicia, ya que al tener al presunto culpable de determinado delito ya en la cárcel, las autoridades reducen la importancia del caso, lo que fomenta a su vez la impunidad.
En este México mágico del nos pasa nada, la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en un símbolo de arbitrariedad que tiene a miles de personas en la cárcel, los cuales en su mayoría son personas de escasos recursos que se encuentran olvidados y abandonados por nuestras autoridades.
Nuestras leyes permitían que algunas personas pudieran pasar incluso décadas en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dictara sentencia, afectando sus derechos humanos y el seguimiento a las convenciones internacionales de las cuales México es parte.
Se afirma que el mayor porcentaje de personas que se encuentran encarceladas no tienen sentencia o siquiera un juicio abierto, por lo que se abusa de esta figura, siendo las mujeres, las que más padecen por esta medida. Bastaba una denuncia para que se tuviera presa a una persona.
Por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra discutiendo la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa en delitos graves, generando uno de los debates constitucionales más relevantes en la historia contemporánea de nuestro país.
Ante esto, inmediatamente, el equipo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de manera pública y abierta, envió un mensaje a los integrantes de la Suprema Corte, en donde les hace ver su desacuerdo con llevar este tipo de debates a la mesa, ya que los considera innecesarios y sin argumentos, lo cual genera una clara intromisión de poderes.

Actualmente, aunque el proceso de desahogo de pruebas y de desarrollo de audiencias dure bastante, la prisión preventiva tiene temporalidad, por lo que no puede mantenerse a ninguna persona que se encuentre presa bajo esta figura más de dos años en la cárcel, sin embargo, esta medida no deja de considerarse profundamente violatoria de los derechos humanos, ya que, con el fin de asegurar la presencia del imputado en el juicio, se determina desde el orden constitucional que toda persona que sea acusada de determinados delitos graves, será detenida y encarcelada de manera automática.
El debate está en la mesa y la SCJN tiene una ardua tarea respecto a determinar la necesidad de mantener esta figura para así evitar que bastantes delincuentes se queden sin castigo y el abuso que esta implica respecto a los derechos humanos.
Sea cual sea la resolución, el gran triunfo será garantizar el actuar imparcial de los jueces sin la intromisión de la Presidencia de la República.