LA VERDAD LA TIENE, QUIEN OSTENTA EL PODER Y LA USA A CONVENIENCIA
(CASO AYOTZINAPA)
Por: Isadora Santivañez Ríos
Uno de los casos más impresionantes y lacerantes para la sociedad mexicana, ocurrido dentro de la administración que presidia Enrique Peña Nieto, fue el llamado caso Ayotzinapa, el cual al ser analizado de manera detenida deja indudablemente una sensación de impotencia, rabia y coraje.
Tal vez, jamás conoceremos a ciencia cierta las atrocidades de las que fueron víctimas los 43 estudiantes desaparecidos, tras haber sido presas de una supuesta confusión entre cárteles contrincantes.
Lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es, sin duda alguna, el acto más vil y sangriento, del cual se tiene registro en la historia de la comunidad normalista del país.
Los jóvenes estudiantes, viajaba en 5 autobuses que eran escoltados por policías municipales y según la versión del entonces Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan por integrantes del cártel “Guerreros Unidos”.
Esa noche, más de 80 estudiantes normalistas fueron atacados, 43 fueron desaparecidos y 3 murieron en el lugar de los hechos, lo cual trajo consigo una serie de manifestaciones por parte de sus familiares, quienes exigían justicia a las autoridades, por lo que el caso comenzó a llamar la atención de diversos medios nacionales e internacionales y la presión social, obligó a las autoridades federales a atraer la investigación.
Fue entonces cuando surge la llamada “verdad histórica” de los hechos, en la cual, de manera detallada, se manipuló la información obtenida por parte de la Procuraduría General de la República, 33 días después de ocurridos los hechos, Jesús Murillo Karam, anunciaba con bombo y platillo, mediante una rueda de prensa, que, gracias a la pericia de las autoridades, la justicia había llegado a las familias de los normalistas.
Sin embargo, en la búsqueda de la verdad, salió a la luz un gran número de arbitrariedades cometidas por parte del entonces Presidente Municipal José Luis Abarca y de su esposa Ma. de los Ángeles Pineda, quienes fueron acusados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y nexos con el crimen organizado, para posteriormente, ser detenidos ante una ola mediática de pan y circo para el deleite de los ciudadanos.
La exigencia de justicia y verdad hicieron evidente la cloaca que existían en los diferentes órdenes de Gobierno, en donde predominaba la impunidad, las irregularidades, el abuso de poder, la ineficiencia en la procuración de justicia, la corrupción y los nexos de las autoridades con el crimen organizado. Posterior a ello, comenzaron a darse un importante número de detenciones, destacando la del Jefe de Sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, quien fungió como el actor material de los hechos.
Sin embargo, actualmente el 50% de los acusados ha sido puesto en libertad, incluido el entonces Presidente Municipal, José Luis Rodríguez Abarca, esto debido a que se encontraron un gran número de irregularidades en el debido proceso y los acusados demostraron haber sido víctimas de tortura al momento de emitir sus testimonios, lo cual pone en duda la veracidad de sus declaraciones.
Han pasado 8 años de la desaparición forzada de los normalistas y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa ha sepultado la versión del gobierno peñista, creando una nueva versión llamada “La Nueva Historia”, en donde el gobierno mexicano, presidido por Andrés Manuel López Obrador, a través de Alejandro Encinas, afirma que la desaparición de los normalistas fue un Crimen de Estado en el que participaron autoridades municipales, estatales y federales, lo que ha provocado un giro radical en las investigaciones, ya que el entonces “encargado de hacer justicia”, se ha convertido en el principal acusado y el pasado 19 de agosto, Jesús Murillo Karam fue detenido tras ser señalado de falsear la verdad de los hechos, de utilizar métodos de tortura, de generar detenciones arbitrarias y de fabricar pruebas, engañando de esta manera a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general.
Según la nueva versión, las autoridades Federales, Estatales y Municipales tuvieron conocimiento de la movilidad de los estudiantes, y sus omisiones, negligencias e incluso acciones, permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes por parte de los integrantes del crimen organizado.
Al parecer, la verdad la tiene quien ostenta el poder y la usa a conveniencia, ayer quien acusaba, hoy se convierte en culpable, la política predomina sobre la justicia y los acusados cambian según cambian los integrantes que están en el poder. En el pasillo de los acusados, solo transita quien no forma parte de la élite del Gobierno. ¡Así, la impunidad se disfraza de justicia!
