Migración, tema prioritario para evitar una crisis humanitaria
Por Claudia Edith Anaya Mota
Debemos reconocer que, a cuatro años de esta administración federal, no hay una política migratoria consistente, aunque sí han existido algunos intentos que no han tenido el éxito esperado. En 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ofreció visas que permitían a los migrantes moverse dentro de nuestro territorio y aunque les ofreció empleo temporal, lo cierto es que la única meta para ellas y ellos, era ingresar a Estados Unidos y no quedarse en México.
En 2019, el entonces Presidente de Estados Unidos Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a menos de que el Presidente López Obrador tomara medidas drásticas para evitar que las y los migrantes que contaban con visas otorgadas por el gobierno mexicano llegaran a la frontera norte. La respuesta ante este reclamo, fue poner a la Guardia Nacional en nuestra frontera sur y poder así, frenar la oleada de personas que provenían de Centroamérica y Sudamérica.
Desafortunadamente, la consecuencia de esta medida y en la que coinciden expertos en este tema, fue que las personas migrantes desviaron sus rutas y emprendieron nuevos caminos donde han sido capturados por el crimen organizado; para la Oficina de Washington para los Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), el haber desplegado a las fuerzas armadas como una medida de control migratorio, envía un mensaje hacia la sociedad de que quienes deciden emigrar rumbo a Estados Unidos, son considerados como una “amenaza”.
Aunado a lo anterior, a partir del viernes 12 de mayo, Estados Unidos declaró el final de la pandemia provocada por el COVID-19 y en consecuencia, el Título 42 que fue una disposición sanitaria que permitía la expulsión inmediata de solicitantes de asilo hacia nuestro país, dejó de estar vigente y en su lugar, entró el Título 8, que consiste fundamentalmente en una medida de endurecimiento de las condiciones de ingreso a quienes pretendan ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, como la prohibición de reingreso durante 5 años y cárcel en caso de no acatar esta medida, pero amplía las vías legales para quienes sí cumplen con los requisitos de asilo.
Lo cierto es que, pese a la severidad de las medidas migratorias, el éxodo migrante persiste y continuará, derivado de las condiciones de violencia, pobreza, desigualdad, inestabilidad política y falta de oportunidades en los países de Centroamérica. Para que se den una idea, la Secretaría de Gobernación reportó que entre entre enero y abril de este año, casi 140 mil migrantes fueron detectados en su paso por el territorio nacional con la meta de llegar a Estados Unidos.
Nos corresponde construir una política migrante garante de los derechos humanos, pues aunque se reconoce que la migración es un derecho, las medidas que la endurecen sólo benefician la corrupción y al crimen; aceptar que es necesaria la inversión de recursos públicos para formar, capacitar y remunerar al personal que recibe a quienes van de paso por nuestro país rumbo a Estados Unidos y dirigir recursos para sostener los establecimientos del Instituto Nacional de Migración para que sean espacios dignos y poder ampliarlos, es un primer paso para enfrentar este enorme reto que de no atenderse de inmediato, significará una crisis humanitaria sin precedentes no solo en nuestro país, sino también en la región latinoamericana.
*Senadora de la República.
