La desaparición de los fideicomisos sí afecta el funcionamiento y a los trabajadores del Poder Judicial
Por: Claudia Anaya Mota
En estos últimos días, en el marco de la discusión en la Cámara de Diputados de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de Federación para el próximo año, se avaló en comisiones, la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, bajo el argumento de que así, se obtendrían ahorros por cerca de 15 mil millones de pesos que, de ser aprobado por el Congreso de la Unión, iría a la Tesorería de la Federación para luego “repartirse entre los estados” (sic). Vamos a analizar las funciones del Poder Judicial y para qué sirven los fideicomisos.
Nuestra constitución establece que nuestro país está constituido y asentado en un Pacto Federal, por lo el Poder Supremo de la Federación, se divide en: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que, como regla general, no podrán reunirse dos de ellos o todos, en usa sola persona.
El Poder Judicial tiene como función fundamental cuidar el orden constitucional y para ello, debe contar con todas las atribuciones necesarias para impartir justicia, y sobre todo, proteger a cualquier individuo de los excesos de cualquier poder; sus integrantes son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacio´n, los Magistrados de los Tribunales de Circuito –Colegiados y Unitarios–, los Jueces de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene a su cargo la administración de la Corte.
Quienes integran el Poder Judicial, son altos perfiles, son profesionistas y especialistas lo suficientemente expertos y preparados para interpretar las leyes y esencialmente, entre muchas otras actividades, intervienen en las controversias que se suscitan cuando una ley o acto de autoridad viola las garanti´as individuales, viola los preceptos constitucionales y resuelve también sobre los conflictos entre autoridades.
El Poder Judicial es el eslabón más importante de impartición de justicia en este país y en esta administración, no se han garantizado recursos para su fortalecimiento y por el contrario, se apuesta a su debilitamiento presupuestal y operativo, lo que trae como consecuencia la impunidad y por ende, el incremento de los delitos.
Ahora bien, de 13 los fideicomisos que buscan desaparecer, solo uno solo uno cubre los gastos relacionados con la función de las y los ministros, como las casas que habitan o cuando deben cambiar de residencia para cumplir con las necesidades de su judicatura, mientras que los 12 restantes, cubren las prestaciones laborales (no privilegios) de cerca del 60% de los trabajadores de este poder, tales como: pensión, vivienda y salud, mientras que la otra parte, sirven para dar operatividad a las funciones del poder judicial, porque incluyen financiamiento para infraestructura que no son precisamente para uso de los trabajadores, porque estamos hablando de la ampliación o modernización de los espacios físicos donde cualquier ciudadano acude para su atención.
Los fideicomisos pueden ser consultados por cualquier interesado y son tan transparentes, que cada tres meses se presenta un informe que es publicado tanto en los portales de transparencia como en el Diario Oficial de la Federación.
Resalta que a partir del lunes pasado, el Sindicato Nacional que representa a los trabajadores del Poder Judicial, ha convocado a un paro nacional en defensa de sus derechos, lo cual, es sumamente grave, porque se entorpece aún más la impartición de justicia.
Lo cierto es que, desde el Gobierno Federal, no se han llevado acciones contundentes para agilizar el acceso a la justicia para cualquier ciudadano y a ello, sumemos que en lugar de soluciones, se provocan nuevos problemas debido a que el Poder Ejecutivo, con tal de lograr “gobernabilidad”, pretende someter a otros poderes a su sola voluntad, construyendo perversas narrativas que solo provocan más conflictos de los que por si ya, enfrentamos.
Luego de esta primera mirada a este tema, podemos concluir básicamente dos cosas: 1) La propuesta emanada del Poder Ejecutivo sí interviene con la autonomía del Poder Judicial, porque el artículo 100 de nuestra Carta Magna, establece que el Consejo de la Judicatura Federal tiene independencia para definir el presupuesto de la SCJN y 2)La desaparición de los fideicomisos sí afecta a los trabajadores, contrario a lo que se ha sostenido desde el Palacio Nacional, por lo que es muy posible que, si se aprueba esta determinanción en el pleno del Congreso de la Unión, las y los legisladores que integramos el Frente Amplio por México, interpongamos una acción de inconstitucionalidad para proteger a los trabajadores y al sistema judicial del país, tan mermado ya, presupuestalmente y así, evitar la intromisión y sumisión entre los Poderes de la Unión.
*Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República
