La relevancia de conservar la autonomía y la división de los poderes de la Unión
Por: Claudia Anaya Mota
A fines del siglo pasado y con el impulso de la izquierda para tener un país donde el respeto a los derechos políticos fuese una realidad, se impulsaron una serie de cambios legislativos y constitucionales para terminar con el presidencialismo y dar paso a una verdadera división de poderes.
La reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, constituyo´ una verdadera transformación para la justicia constitucional mexicana, porque establecio´ que la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n —en adelante SCJN— seri´a la inte´rprete u´ltima y, por consiguiente, la garante definitiva de la Constitucio´n mexicana; brindó herramientas para constatar la constitucionalidad de las leyes aprobadas en el Poder Legislativo y en su caso, también introdujo medidas legales para hacer patente la falta al debido proceso legislativo en su aprobación a través de la accio´n de inconstitucionalidad; redefinio´ la composicio´n de la SCJN, y reformo´ algunos de los requisitos para ser ministro, entre otras cosas.
Hubo numerosos cambios con un común denominador: Garantizar que ningún Presidente tuviese una Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo, es decir, donde la mayoría de sus integrantes fuese un simpatizante de un partido político o de una corriente ideológica a fin con la fuerza política en el poder y se le concedió la posibilidad de proponer a 3 ministros con el aval del Senado de la República.
Uno de estos mecanismos establecidos, es el principio de “escalonamiento”, como una forma de garantizar tanto la continuidad como la renovación institucional del máximo tribunal, además se determinó que la duración del cargo de un Ministro o Ministra sería de 15 años.
No existe ningún otro servidor público con tal garantía de permanencia en su cargo y es así, porque quienes impulsaron esta reforma, consideraron que sería obvio que, en un inicio de su periodo, el Ministro estaría “agradecido” con quien lo propuso (en este caso, el Poder Ejecutivo), pero una vez que el tiempo trascurriera, el Ministro no debería absolutamente nada al nuevo gobernante y por ende, su lealtad debía estar con la constitución.
En este sexenio de “la transformación”, el Poder Ejecutivo se ha caracterizado por tener una mala relación con el Poder Judicial, derivado, entre otras cosas, de las determinaciones de nuestra máxima corte respecto a las reformas constitucionales que ha querido impulsar el Presidente y sus legisladores en el Congreso de la Unión, sin respetar el debido proceso legislativo.
Las críticas y los ataques a las y los Ministros que han defendido la constitución por encima de los intereses políticos-ideológicos del Poder Ejecutivo, se han hecho patentes y públicos.
Lo cierto es que desde el inicio de este sexenio, el Poder Ejecutivo tuvo la intención de tener aliados en la SCJN. Recordemos que en octubre de 2019, el entonces Ministro Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia, faltando once años para terminar su cargo, derivado, se dijo, por señalamientos de una supuesta corrupción, delito por el cual, nunca fue acusado ni investigado formalmente, lo que dio paso a que el Presidente, además de los tres nombramientos que le correspondían, tuviese un cuarto ministro más.
Hace unas semanas, renunció el Ministro Zaldívar, no por una causa grave -la única válida y prevista por la ley-, sino para formar parte activa del equipo de la candidata oficialista a la presidencia al 2024. Esta decisión, abrió un quinto espacio en la corte para que el Ejecutivo Federal tenga una nueva Ministra que le sea leal a la figura presidencial, incluso, por encima de la constitución, porque así lo ha manifestado el Presidente en sus mañaneras.
Lo cierto es que en estos 5 nombramientos que ha tenido en sus manos el Presidente López Obrador, ninguna de sus ternas, ha tenido un apoyo abrumador en el pleno del Senado, porque la mayoría de nosotros, consideramos que los perfiles que nos presentó en una primera terna no eran los idóneos, debido a que dos de ellas, eran perfiles a fines a su movimiento político, incluso, son militantes y fundadoras del partido en el poder y una más, no cumplía con los requisitos de idoneidad, porque tenía la categoría de Secretaria de Estado, lo que de antemano, la descartaba, pues la propia legislación, así lo establece.
Desafortunadamente, en el Senado solo tenemos dos oportunidades para elegir a quien sustituirá al Minsitro Zaldívar y en caso de que nuevamente el Presidente nos envíe una terna que no cumpla con los requisitos de idoneidad, el Poder Ejecutivo podrá nombrar de manera directa, al nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Espero que el Presidente comprenda la gran responsabilidad que está en sus manos de elegir un perfil que salvaguarde la Constitución y no sus intereses políticos y de grupo.
*Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República
