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Claudia Anaya

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Ley de Aguas Nacionales, el desenlace Por: Claudia Anaya Mota Quiero externar y hacer público mi reconocimiento a las y los productores de Zacatecas, porque en el marco de la discusión de la Ley de Aguas Nacionales, dieron una lección a todo el país, porque gracias a las movilizaciones, se lograron avances importantes, pero aun hay pendientes. La reforma aprobada por el Congreso de la Unión, conserva deficiencias profundas que ponen en riesgo la actividad agrícola y son los artículos relacionados con los volúmenes de agua que contienen vacíos, omisiones y riesgos que no deberían pasar inadvertidos en un país marcado por las sequías y por la desigualdad en el acceso al recurso. Uno de los puntos más delicados está en la falta de garantías cuando se presenta una crisis hídrica. Tradicionalmente, en épocas de escasez extrema, tanto la industria como los productores rurales han cedido temporalmente sus volúmenes para evitar afectaciones mayores. Sin embargo, la reforma elimina la disposición que aseguraba que esos volúmenes serían devueltos una vez superada la crisis. ¿Quién va a estar dispuesto a ceder algo tan esencial sin la garantía de recuperarlo? ¿Qué productor va a sacrificar su capacidad de sembrar o de sostener el ganado si no tiene certidumbre jurídica? La respuesta es obvia: nadie. Y si nadie cede, las crisis hídricas se agravan. Otro error grave es la relativa a la revisión trianual de los volúmenes asignados. Si en esos tres años se presentan lluvias abundantes —como ocurre cíclicamente— el uso de agua disminuye. También podría reducirse en el supuesto de que un productor peuda elegir producir un cultivo menos demandante del agua., pero en lugar de reconocer estas fluctuaciones naturales, la autoridad podría interpretar que el productor “está usando menos agua de la que necesita”, y por ello retirarle el volumen para enviarlo a una bolsa nacional. Cuando, después, ese productor quiera sembrar un cultivo de mayor requerimiento hídrico, ya no tendrá acceso al volumen que originalmente le pertenecía. Es una penalización absurda: castiga el buen clima, castiga la planeación, castiga la eficiencia. La minuta tampoco distingue entre industria y campo al momento de reasignar volúmenes. No es lo mismo administrar agua para un parque industrial que para cultivos de temporal. La ley debería reflejar esa diferencia elemental, pero no lo hace. Mientras la discusión se centró en la supuesta eliminación de los mecanismos “neoliberales” de la vieja ley, permanece intacto lo verdaderamente privatizador. Los artículos 102 y 44 de la Ley Nacional de Aguas, por ejemplo, siguen permitiendo que sistemas de agua municipales se concesionen a empresas privadas, incluso cuando esos sistemas abastecen a poblaciones enteras. Es decir: la puerta para la participación privada permanece abierta, a pesar de los discursos triunfalistas. Lo más preocupante es que la reforma sí reconoce a los sistemas comunitarios de agua —en muchas regiones rurales—, pero no les da la posibilidad real de acceder a concesiones. En pocas palabras, siguen condenados a operar al margen de la legalidad, mientras los grandes operadores privados y públicos mantienen el control formal del recurso. ¿No era ese, precisamente, el “modelo neoliberal” que se pretendía desmontar? En el fondo, el gobierno fue muy perverso: puso a pelear a la ciudad contra el campo, como si arrebatarle agua a los campesinos fuera a resolver el desabasto urbano. Nada más falso. El acceso al agua para las zonas urbanas depende de inversión en infraestructura, de captación, de saneamiento y de distribución. El artículo 4° constitucional estableció con claridad que México debía expedir una Ley General que garantizara el derecho humano al agua. Dicha ley debía garantizar acceso, disponibilidad, calidad y gestión sustentable, pero lo que hoy tenemos es una reforma incompleta, apresurada y con demasiados huecos técnicos como para llamarla un verdadero avance. Hablar del agua no es hablar solo de infraestructura o de leyes: es hablar de justicia. Y cuando ignoramos al campo, no solo dañamos a un sector productivo; dañamos al país entero. Senadora de la República

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12 diciembre, 2025